El 26 de junio de 2025 se publicó la nueva Ley de Integridad Pública, aprobada dos días antes por la Asamblea Nacional con 84 votos a favor. Esta ley representa una de las reformas más polémica dentro del sistema de contratación pública en el país; fue presentada como “la limpieza del Estado”, orientada a combatir la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia administrativa.
Uno de los ejes más importantes de la ley es la reforma al sistema de compras públicas. Se eliminarían modalidades de adquisición que fomentaban prácticas irregulares, como las consultorías por contratación directa, la lista corta, la menor cuantía y la cotización. A cambio, se fortalece la transparencia mediante la creación de un Registro Único de Proveedores (RUP), que agrupará información de proveedores nacionales y extranjeros, y se implementará un catálogo electrónico para las adquisiciones públicas.
Otro componente relevante es el fortalecimiento institucional, especialmente en la Función Judicial. Se introducen mecanismos para declarar emergencia en el sistema de justicia y se endurecen las sanciones por delitos como el prevaricato. Ahora, no solo jueces y abogados pueden ser sancionados, sino también fiscales. Además, se autoriza la destitución automática de servidores públicos por desempeño insuficiente de manera reiterada, evaluado en procesos semestrales.
La Contraloría General del Estado también gana protagonismo al tener que emitir informes previos a los procesos de contratación pública, y se establecen acciones disciplinarias contra funcionarios que retrasen pagos o procesos contractuales sin justificación válida.
Sin embargo, la ley ha generado preocupación en varios sectores. Uno de los artículos más polémicos permite juzgar a adolescentes como adultos cuando cometan delitos graves contra la administración pública, con penas de hasta 15 años de cárcel. Aunque se contempla una reducción de hasta el 50 % si colaboran con las autoridades, organizaciones como UNICEF y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU han calificado esta disposición como regresiva y potencialmente inconstitucional, por contradecir la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el ámbito económico, la Asociación Nacional de Proveedores del Estado ha expresado su alarma ante la eliminación de anticipos y la imposición de nuevas tasas. Argumentan que esto podría excluir a pequeñas y medianas empresas, reduciendo la competencia y favoreciendo a grandes contratistas con mayor capacidad financiera.
La ley también introduce cambios de fondo en el manejo institucional del país; por ejemplo, se elimina la Secretaría de Alianzas Público-Privadas y se crea una nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, que tendrá la tarea de unificar criterios en el manejo del sistema financiero nacional. Asimismo, el presidente de la República podrá designar al gerente general del Banco Central del Ecuador, un movimiento que, según analistas, podría aumentar la concentración del poder en el Ejecutivo si no se establecen contrapesos adecuados.
El gobierno propuso la Ley de Integridad Pública como un instrumento para combatir las redes de corrupción en el Estado y optimizar el gasto público. Y aunque se ha considera que este cambio es un paso importante hacia la transparencia dentro de instituciones públicas, solo en el futuro se logrará observar los resultados de la misma. De lo contrario, una ley que promete modernizar el país podría terminar reproduciendo nuevas formas de exclusión o concentración de poder.
Enlace del Registro Oficial AQUÍ
