La Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) lideró el proceso de articulación interinstitucional que concluyó con la aprobación y suscripción de la Hoja de Ruta para la coordinación estratégica, prevención e inteligencia de amenazas en materia de seguridad de la información y protección de datos personales, un instrumento construido conjuntamente por ocho instituciones del Estado para fortalecer la prevención, detección, gestión, mitigación y respuesta frente a amenazas digitales.
La iniciativa surgió ante la identificación de alertas y situaciones relacionadas con posibles vulneraciones a la seguridad de la información en entidades públicas y privadas, que evidenciaron la necesidad de fortalecer la coordinación estatal frente a riesgos capaces de afectar a la ciudadanía, los servicios públicos y la seguridad nacional.
Para atender esta coyuntura, la SPDP promovió un espacio de trabajo conjunto que se desarrolló a través de tres mesas técnicas interinstitucionales, realizadas el 14 de mayo, 21 de julio y 19 de agosto de 2026; en ellas participaron la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, la Policía Nacional, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), EcuCERT y la Superintendencia de Protección de Datos Personales.
El trabajo técnico permitió pasar de la identificación de problemas a la construcción de acuerdos y acciones concretas, con responsabilidades diferenciadas y mecanismos de cooperación definidos de acuerdo con las competencias de cada institución. La Hoja de Ruta prioriza fortalecer el intercambio seguro de información y la interoperabilidad, mejorar la trazabilidad de los incidentes, reducir la recolección innecesaria y redundante de datos personales, fortalecer los criterios de protección de infraestructura crítica digital, así como prevenir y responder de manera coordinada ante incidentes y situaciones de crisis.
También contempla el fortalecimiento de capacidades para la investigación y la preservación de evidencia digital cuando un incidente pueda tener relevancia penal. Cada institución designará puntos de contacto o responsables técnicos para facilitar la coordinación, el intercambio de información y el seguimiento de las acciones previstas. La SPDP reafirma su compromiso con una actuación anticipada que contribuya a garantizar los derechos de la ciudadanía frente a los desafíos que plantea la transformación digital.
